Confieso que cuando escuché en un telediario a la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, un comentario refiriéndose al comportamiento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, sobre unos autos dictados referentes al caso Tsunami Democratic, no me podía imaginar que causaran tanto alboroto, hasta el punto de que el PP pidiese su dimisión. Lo que dijo la ministra era una obviedad palpable. Resulta que el Juez García-Castellón, el pasado mes de noviembre, dicta un auto en el que acusa de terrorismo al líder de Junts, Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cuando ya habían pasado cuatro años desde que empezó la instrucción. Y da la casualidad de que esta repentina aportación del juez a la causa, coincide con la semana de la negociación de Pedro Sánchez con Junts para su investidura a presidir el Gobierno. A la vista de lo cual, la ministra Teresa Ribera hace un comentario sobre la “querencia” del juez García-Castellón a actuar en “momentos políticos sensibles”, inclinando su decisión “siempre en la misma dirección”. Ni profirió un insulto, ni le aplicó ningún calificativo al juez, simplemente describió unos hechos y un comportamiento que estaban a la vista y que cada cual piense lo que le parezca. Le faltó tiempo al Consejo General del Poder Judicial para calificar los comentarios de Ribera contrarios “al deber general de respeto a la independencia judicial”. Un organismo que, precisamente, en relación con la independencia del poder judicial, deja mucho que desear. Si el Consejo General del Poder Judicial, lleva cinco años sin renovarse porque al PP no le interesa, no creo que sus señorías sean los juristas más adecuados para dar ejemplo de independencia, cuando permanecen en sus cargos, por interés de dicho partido, sin rechistar. Tampoco son un ejemplo de independencia aquellos jueces conservadores que se manifestaron en contra de la elaboración de una ley de amnistía, cuando no corresponde a ellos decidir sobre su posible creación, que es una competencia exclusiva del poder legislativo. Y en cuanto al juez García-Castellón ha demostrado que no tiene ningún reparo en posicionarse contra la ley de amnistía, al margen de lo que, en su día, disponga. La independencia del poder judicial consiste en aplicar el contenido las leyes sin atender influencia alguna y son los jueces, con su comportamiento impecable, quienes tienen que velar para que dicha independencia no se ponga en duda.